EN NOMBRE DE LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.
14-06-11 00:00 Senior Partner de Marteau & Asociados, el ex coordinador
argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de
Información Financiera.
Mientras la discusión pública gira en torno a los alcances de la reciente
sanción de la nueva ley anti-lavado, Juan Félix Marteau cuestiona una
resolución puntual de la Unidad de Información Financiera (UIF), según la
cual los bancos (y el resto de los sujetos obligados) deberán informar el
listado de sus clientes al organismo que lidera José Sbatella con
independencia de si existe una sospecha o investigación en curso. Se trata
de la resolución UIF N° 70 denominada Reglamentación de los Reportes
Sistemáticos de Operaciones On Line.
Crítico de la falta de autonomía que presenta hoy el principal organismo
encargado de combatir el blanqueo de activos, Marteau alerta sobre la
posible utilización política que la UIF podría llegar a dar a esa información y
denuncia la falta de garantías institucionales para resguardar los datos.
¿Cuál es el grado de autonomía de la UIF actualmente?
Todos requerimos que la UIF tenga autonomía, es decir, que no obedezca a
mandatos políticos. La UIF debe ser un organismo operativo, no puede ser
un organismo estratégico. El tema es que se ha vulnerado esa autonomía y
se opera por criterios estrictamente políticos. Por ejemplo, no se entiende
cómo puede ser que tengan una denuncia hace más de un año con respecto
al caso Shocklender y recién ahora se informa al fiscal competente.
Tenemos constancia estadística de que la UIF le reporta al fiscal solamente
casos de poca monta y que no le transmite los grandes casos de
narcotráfico y corrupción. No vemos que los casos fuertes repercutan en la
Justicia.
Además, hay algo, un punto reciente, que me preocupa mucho: a través de
una resolución, la UIF establece la obligación de que, entre el 3 y el 31 de
octubre, todos los sujetos obligados del sistema financiero deberán informar
el listado de sus clientes con independencia de si existe alguna sospecha o
investigación sobre estos clientes. El gran problema es la posible
privatización de la información sobre clientes y empresas que, finalmente,
no se sabe bien dónde terminará.
¿Cómo se garantizará el uso adecuado de esta información a los efectos de
la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?
Este tipo de información sobre las personas, hoy, ya está en el Banco
Central, en la AFIP, pero allí hay una serie de protocolos de reserva de la
información. Es decir, existen una serie de puertas para romper para llegar
a esa información. Por el contrario, la UIF fue operando año tras año casi
sin resguardo de la información. Entonces, si ahora la UIF le exigirá a todos
los bancos información sobre sus clientes, en la que todos vamos a estar en
una base de datos que investiga lavado de dinero y financiación del
terrorismo, cabe preguntarse dónde están las garantías institucionales y los
protocolos de reserva de la información para que el uso de esos datos tenga
ese solo efecto y no otro. No se puede dar a un organismo estatal
información esencial sobre la actividad privada de las personas si esto será
usado para otros fines. Cuando aparezcan los problemas en serio respecto
de la investigación de los patrimonios privados de las personas a los efectos
de control político, nos daremos cuenta de que habremos creado un
monstruo que no podremos parar.
Para peor: en el sistema global, del cual forma parte la UIF, la información
es susceptible de circular en un circuito de 180 jurisdicciones que están
integradas al intercambio de información. En la jerga se dice que la UIF está
enchufada a otros organismos similares alrededor del mundo. Es un
problema muy grave.
En cuanto al control patrimonial, lo que recomienda el GAFI es que el sector
privado y el sector público trabajen coordinadamente para lograr mayor
efectividad. ¿Sucede esto en la Argentina?
Aquí, el sector privado no tiene manera de saber a dónde es que destina los
recursos el Estado, en esta materia. No se sabe cuál es el norte en esta
lucha. Desde el año 2000 a la fecha, el Estado argentino se ha
comprometido a cumplir con obligaciones internacionales: son 11 años de
estandarización jurídica internacional, desde que ingresa al GAFI. Esto ha
tenido incidencia en el sector bancario principalmente, pero también en el
sector financiero no tradicional. El sistema internacional está pensado
exactamente así, para que funcione una alianza estratégica entre, por un
lado, el sector privado, que recaptura información de la cual pueden surgir
indicios de una actividad delictiva, y, por otro, el Estado, que debe brindar
las herramientas para llegar a la condena de los delincuentes. Después de
una década de actividad institucional en la Argentina, vemos que el Estado
no ha respondido, no ha conseguido sancionar nada en esta materia. Por
otro lado, el funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático
durante este lapso. Sea por inercia, por incapacidad o por politización, toda
las formaciones de la UIF han producido una incertidumbre respecto a la
legitimidad del sistema.
¿Cuál puede ser ese norte?
Cuando yo fui coordinador argentino ante el GAFI, mi primera actividad fue
diseñar una agenda estratégica para presentarle al Presidente de la Nación.
Articulábamos la actividad de los principales organismos de regulación del
Estado argentino. Eran 18 organismos. Esto terminó con un decreto
presidencial del ex mandatario Néstor Kirchner aprobando la agenda que
habíamos planteado. Pero, luego, esto salió del orden de prioridades del
Estado argentino. Lo que está claro es que esta agenda nacional, que era
un primer paso, fue saboteada y, hoy, las consecuencias están a la vista:
tenemos el GAFI amenazando con una sanción enorme a la Argentina y
colocando al país al borde del ostracismo por no cumplir con la cooperación
internacional en estos temas. Según mi experiencia actual, como asesor
legal del FMI, se debe trabajar en el diseño de agendas estratégicas que
lleguen al máximo nivel.
¿Qué opina de los alcances de la nueva ley anti-lavado, sancionada por el
Senado?
Que la Argentina haya avanzado en la incriminación del auto-lavado está
bien. Lo que veo con desazón es que se haya desaprovechado la presión
internacional para crear una ley integral en la materia, dándole fortaleza a
la UIF para luchar contra el crimen organizado pero con el contrapeso, que
es una serie de protocolos legales acerca de cómo tienen que ejercerse esas
facultades. Finalmente, salió un proyecto muy acotado, vinculado a darle
una satisfacción al GAFI.
fuente/source: El cronista
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