EN NOMBRE DE LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
El titular de Justicia quiere evitar una sanción del GAFI. Se votaría el 1° de junio.
Por ALFREDO GUTIÉRREZ.
El Gobierno apura al máximo la modificación a la ley contra el lavado de dinero, que
para evitar sanciones contra Argentina debería estar aprobada antes del 22 de junio .
Así lo reconoció ayer en el Senado el ministro de Justicia, Julio Alak, quien se llevó la
promesa y el consenso opositor –pese a algunas objeciones– para que se trate dentro
de tres semanas.
Alak pidió que el proyecto se convierta en ley para “eximir al país de una sanción que
perjudicaría al sistema financiero y a la banca pública argentina” de parte del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reúne en México en esa fecha “límite”.
Aunque no se firmó dictamen, ya habría consenso para aprobar la ley el 1° de junio.
El proyecto fue votado en Diputados el miércoles pasado y la Cámara Alta debería
sancionarlo sin tocarle ni una coma para que no vuelva en segunda revisión. Alak se
llevó la sensación de que las divergencias quedarán para una “ley correctiva” que
mejore el texto.
La iniciativa, que es una reforma a la ley vigente, declara delito autónomo al lavado
de dinero. Hasta ahora, ese delito estaba subsumido en encubrimiento de otras
actividades ilícitas según la ley 25.246 que rige desde el año 2000. La media sanción
modifica el Código Penal en la parte de “delitos contra la administración pública”,
agregándole el capítulo de “encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”. Y
permitirá castigar el “autolavado” . Será punible el lavado de dinero desde los
300.000 pesos (Diputados elevó la cifra, que en el proyecto original del Ejecutivo era
de 200.000).
Alak puntualizó también que la iniciativa contiene una modificación de tipo procesal
para que los magistrados puedan ordenar “el decomiso en forma preventiva” y anunció
que luego se va a impulsar una ley complementaria “para crear un registro nacional”
de bienes incautados. Además, la Unidad de Acción Financiera (UIF) tendrá mayor
autonomía y autarquía financieras, y mayor poder para controlar operaciones. Se
aumenta la lista de sujetos obligados a informar sobre transacciones “sospechosas”,
incluyendo concesionarias de autos, contadores y compañías de seguros.
El ministro se presentó ayer en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside
la salteña Sonia Escudero (PJ Federal). A la concurrida reunión –el salón Arturo Illia
estaba repleto también acudieron los titulares de la UIF, José Sbatella; y el número
dos del Banco Central –a cargo del área de control del lavado de dinero,- Miguel
Pesce.
El proyecto fue respaldado –con observaciones– por la Asociación de Bancos (ABA),
compañías de seguros (“no tenemos posibilidad de conocer a fondo a nuestros
clientes”), agencias de automóviles, colegio público de escribanos, profesionales de
ciencias económicas (pidieron que solo se obligue a informar a quienes hacen
auditorías) y las fábricas de autos.
El radical Ernesto Sanz, por ejemplo, cuestionó que la UIF se financie con multas
que ella misma aplica . “Tampoco estoy de acuerdo con que los policías de mi pueblo
se financien con las multas que ellos aplican y cobran”, dijo. Sin embargo, opositores y
oficialistas aceptaron sugerencias que podrían ser atendidas por la reglamentación.
fuente/source: Clarín
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